“Francia da luz verde a la ley que autoriza la activación remota de cámaras y micrófonos en los smartphones de individuos sujetos a investigación.”
“En medio de las protestas sociales contra el gobierno de Emmanuel Macron, el Parlamento francés ha aprobado recientemente un proyecto de ley que permitirá a la policía acceder de forma remota a las cámaras, micrófonos y GPS de los teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos de personas que están bajo investigación por delitos castigados con al menos cinco años de prisión, en el período comprendido entre 2023 y 2027.
Esta medida forma parte de un artículo que incluye diversas disposiciones y ha sido votada por la Asamblea Nacional como parte de un proyecto de ley más amplio para reformar el sistema de justicia. De esta manera, la Ley de Justicia se suma a una serie de acciones implementadas por el gobierno francés para fortalecer la autoridad policial a través de la tecnología.
Con una mayoría de 80 votos a favor y 24 en contra, el artículo 3 del proyecto de ley fue respaldado por diputados de la bancada presidencial (Los Republicanos y Renaissance -el partido de Macron-) y el Partido Socialista de centroizquierda. Los bloques de la Nueva Unión Popular Ecologista y Social (Nupes), liderada por Jean-Luc Melénchon, se opusieron a la medida, al igual que la derecha encabezada por Marine Le Pen. Sin embargo, varios senadores del partido de Le Pen y otros de bloques centristas anunciaron su apoyo a la ley después de una semana de protestas y violencia en París y otras ciudades del país. Este respaldo fue crucial para que la legislación, que se encontraba estancada en el Congreso, avanzara hasta su aprobación.
Ahora solo falta esperar que el Presidente de la República promulgue la ley en los próximos 156 días. Durante este período, los parlamentarios que se oponen aún tienen la opción de recurrir al Consejo Constitucional.
El Senado, que aprobó la ley hace un mes, intentó limitar la medida a aquellos delitos castigados con diez años de prisión. Sin embargo, la Asamblea volvió a respaldar la versión propuesta por el gobierno, por lo que se estableció que se aplicará a aquellos acusados de delitos penados con al menos cinco años de cárcel.
En cuanto al proceso de vigilancia, Camilo Gutiérrez, jefe de laboratorio de ESET Latinoamérica, una empresa global de soluciones de seguridad informática, explicó que para que las autoridades policiales puedan activar la cámara y el micrófono de un dispositivo móvil, “el usuario tendría que instalar una aplicación y otorgar permisos a esa aplicación para tener control sobre la cámara o el micrófono”. Es decir, las autoridades necesitarían la autorización previa del usuario, lo cual es poco probable. Gutiérrez sugirió que, en ese caso, el Congreso debería aprobar una ley o decreto que ordene a los operadores de telefonía móvil proporcionar acceso.
En cuanto a la geolocalización de los dispositivos, Gutiérrez comentó que el procedimiento es más sencillo para las autoridades policiales, ya que pueden realizarlo a través de los operadores de telefonía móvil. Cada usuario tiene un identificador de dispositivo móvil, como el IMEI, que permite monitorear a qué antenas estuvo conectado o está conectado el dispositivo, y así seguir su movimiento sin tener el control directo del dispositivo.
La ley contempla que la primera parte de la legislación autoriza la geolocalización en tiempo real de las personas investigadas, mientras que la segunda parte permite a las autoridades policiales captar de forma remota el sonido e imágenes de las personas buscadas por casos de terrorismo y delincuencia organizada. Esto implica que los agentes podrán utilizar el micrófono para grabar comunicaciones de voz y la cámara para analizar secuencias de video.
El ministro de Justicia, Eric Dupond-Moretti, ferviente defensor de esta ley, indicó que esta medida solo afectará a unos pocos casos al año. Durante el debate parlamentario, se agregó una enmienda que requiere la aprobación de un juez para cualquier vigilancia realizada en el marco de esta nueva normativa. Además, el texto establece que el acceso a las cámaras y micrófonos durante una investigación en curso tendrá una duración máxima de seis meses.
Los grupos parlamentarios de izquierda criticaron fuertemente el proyecto. El bloque de Francia Insumisa (LFI) argumentó que representa un giro autoritario y expuso las críticas de abogados y organizaciones no gubernamentales que alegan que la ley viola la privacidad de las personas.
Frente a estas críticas, los parlamentarios oficialistas destacaron las garantías previstas en la legislación. Explicaron que la captura de sospechosos se limitará a los casos más graves y requerirá una autorización de 15 días. Sin embargo, este período podría ser renovado una vez por un juez de libertades y detenciones, y hasta dos meses adicionales renovables por un juez de instrucción, con una duración máxima total de seis meses.
Eric Dupond-Moretti comparó esta práctica con la antigua técnica de colocar micrófonos o cámaras a sospechosos. Además, señaló que la activación remota de dispositivos conectados ya es utilizada por los servicios de inteligencia sin la autorización de un juez, y enfatizó que en estos casos se requerirá dicha autorización.
El gobierno de Macron ha enfrentado recientemente violentas protestas en París y otras ciudades de Francia después de la muerte de un adolescente a manos de la policía durante un control de tráfico en la capital del país.
Dupond-Moretti afirmó que estamos lejos del totalitarismo retratado en la novela ‘1984’ de George Orwell, que describe una sociedad bajo vigilancia total, y agregó que esta ley salvará vidas.
La normativa también tiene limitaciones relacionadas con profesiones específicas. Algunas actividades sensibles, como las de médicos, periodistas, abogados, jueces y diputados, no estarán sujetas a esta vigilancia. En relación a este tema, el bloque de LFI presentó una enmienda para eliminar a los agentes judiciales de la lista de profesiones “protegidas”, argumentando que no había ninguna razón válida para darles protección a ellos y no al resto de la población.
El mes pasado, el grupo de defensa francés La Quadrature du Net emitió un comunicado rechazando la iniciativa del gobierno. Destacó que, dado el creciente papel de las
